Estados Unidos: Con la promesa de confidencialidad eterna, sospechosos capitales extranjeros fluyen hacia paraísos fiscales en auge* — Parte I.
Por Will Fitzgibbon, Debbie Cenziper y Salwan Georges
Documentos condifenciales ponen al descubierto el funcionamiento interno de la industria fiduciaria estadounidense que sirve a líderes mundiales y super ricos.
*´Primera parte de la traducción de la nota original publicada por ICIJ.
SIOUX FALLS, SD: Enfrente del Holiday Inn, un edificio de ladrillos rojos con un cartel de bienvenida que dice “El corazón de América”, se instaló hace siete años una empresa financiera poco conocida que extendió una invitación a la élite mundial.
Trident Trust prometió proteger la fortuna y la privacidad de sus nuevos clientes apoyándose en las leyes de un Estado que se había convertido en un destino mundial para la riqueza. La compañía lo llamó: “La ventaja de Dakota del Sur”.
Entre los que respondieron al slogan están un magnate textil colombiano atrapado en una trama de blanqueo de ganancias de una red internacional de narcotráfico, un magnate de los jugos de naranja que llegó a un acuerdo con las autoridades de Brasil por una supuesta connivencia para pagar mal a los agricultores locales y los familiares de un productor de azúcar y ex Presidente de la República Dominicana, acusado de explotar a los trabajadores y desalojar a las familias de sus hogares por la fuerza.
El gobierno de Estados Unidos lleva tiempo condenando a destacados centros financieros offshore, donde las normas liberales y las garantías de discreción han atraído a oligarcas, magnates de los negocios y políticos.
La investigación de Pandora Papers identificó 206 fideicomisos con sede en Estados Unidos que poseían activos combinados por un valor total de más de 1.000 millones de dólares, incluidos casi 30 fideicomisos que poseían activos vinculados a personas o empresas acusadas de fraude, soborno o violación de derechos humanos.
Pero en Estados Unidos, una floreciente industria de empresas fiduciarias está encubriendo crecientemente los activos de millonarios y multimillonarios internacionales prometiendoles niveles de protección y sigilo que rivalizan y hasta superan la clandestinidad ofrecida en paraísos fiscales del extranjero. Ese escudo, que es casi absoluto, ha aislado a esta industria de una supervisión significativa y le ha permitido forjar nuevos puntos de apoyo en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
El Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvieron una visión sin precedentes del dinero que fluye hacia fideicomisos en Estados Unidos, al examinar un conjunto de más de 11,9 millones de documentos confidenciales mantenidos por empresas proveedoras de servicios fiduciarios y corporativos de todo el mundo.
Los registros, conocidos como Pandora Papers, exponen cómo políticos extranjeros y directivos corporativos o sus familias movieron dinero y otros activos desde paraísos fiscales conocidos hace tiempo a empresas fiduciarias de Estados Unidos.
La investigación identificó 206 fideicomisos con sede en EE.UU. vinculados a 41 países que poseen activos combinados por un valor de más de mil millones de dólares. Casi 30 de los fideicomisos tenían activos conectados con personas o empresas acusadas de fraude, soborno o violaciones de derechos humanos en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo.
El paquete de archivos confidenciales, obtenido por el ICIJ y compartido con más de 150 medios de comunicación asociados, describe sólo algunos de los fideicomisos en Estados Unidos, pero es el conjunto de registros más importante que se ha hecho público desde dentro de la industria fiduciario estadounidense.
Las evidencias de fideicomisos proceden en su mayoría de la oficina en Sioux Falls de Trident Trust, un proveedor global de servicios offshore. En una declaración escrita, Trident dijo que está comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables y coopera habitualmente con las autoridades. La empresa declinó responder a preguntas sobre sus clientes.
Otros estados que compiten por atraer la riqueza son Alaska, Delaware, Nevada y New Hampshire. En Dakota del Sur, los activos en fideicomisos se han cuadruplicado en la última década hasta alcanzar los 360.000 millones de dólares. Una de las mayores empresas fiduciarias del estado, The South Dakota Trust Company, cuenta con una lista de clientes internacionales de 54 países.
La rápida expansión de la industria de empresas fiduciarias fue liderada por un grupo de expertos que conocen el negocio por dentro, quienes año tras año presentaron propuestas legislativas muy atractivas para clientes de Estados Unidos y del extranjero: proteger los fideicomisos de los acreedores, de las autoridades fiscales y de los gobiernos extranjeros.
Con apenas una escasa oposición, los legisladores estatales convirtieron las propuestas en leyes (docenas de ellas desde finales de la década de 1990).
“Nadie entiende alguna de ellas”, bromeó Gene Abdallah, senador republicano y Presidente del Comité Judicial del Senado de Dakota del Sur, en una sesión legislativa en 2007. Murió en 2019.
Bret Afdahl, director de la División de Banca de Dakota del Sur, dijo que las compañías fiduciarias están obligadas a confirmar las identidades de todos los clientes y que los clientes y activos extranjeros reciben un escrutinio adicional. El Estado busca auditar a las compañías fiduciarias al menos una vez cada dos años y puede sancionar a las firmas que no cumplan con los estándares, dijo.
Los críticos dicen que la supervisión es limitada, la normativa es vaga y el sigilo fiduciario (confidencialidad, clandestinidad, secreto) es casi imposible de violar.
“Mi preocupación es que… nos convirtamos en Suiza o Panamá”, dijo el ex senador estatal de Dakota del Sur, Craig Kennedy (del Partido Demócrata), uno de los pocos legisladores que cuestionaron la creciente industria. “No sé quiénes son los beneficiarios, qué tipo de activos se están gestionando. La gente utiliza las leyes bancarias y fiduciarias con fines inapropiados. No puedo decir que eso esté ocurriendo en Dakota del Sur. Pero no lo sé”.
Al igual que la banca, las empresas fiduciarias tienen prohibido aceptar, a sabiendas, capitales generados por actividades delictivas. No hay pruebas en los Pandora Papers que alguno de los extranjeros con fideicomisos en Estados Unidos haya ocultado ganancias de actividades criminales.
Expertos financieros afirman, sin embargo, que la industria fiduciaria estadounidense debería mirar más allá de las condenas, investigando y rechazando a los clientes cuya riqueza se amasó en medio de acusaciones creíbles de delitos, violaciones de derechos humanos o mediante vínculos con regímenes corruptos.
¿Qué jurisdicciones de Estados Unidos tienen más fideicomisos en los Pandora Papers?
La investigación muestra cómo los fideicomisos estadounidenses se han convertido en un vehículo para el sigilo (secreto, confidencialidad) financiero.
“Ha quedado abundatemente claro que nuestros intereses nacionales dependen realmente de mantener ese tipo de dinero fuera (de Estados Unidos) aunque no sea un delito financiero”, dijo Josh Rudolph, miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional en las administraciones de Obama y Trump. “(Si no) Fortalecemos a matones y ladrones, fallamos en defender nuestros valores y alimentamos el resentimiento popular contra Estados Unidos”.
Con poca transparencia en la industria, es casi imposible determinar de quién es el dinero que manejan las empresas fiduciarias. Mientras que los reguladores de las dos últimas décadas se enfocaron en la lista de clientes cuestionables de la industria bancaria-financiera, dejaron en gran medida “a solas” a las empresas fiduciarias, libres de incrementar las listas de clientes mediante ofertas favorables que incluyen protección fiscal (sigilo, confidencialidad) durante generaciones.
Los registros de los Pandora Papers no proporcionan muchos detalles sobre lo que las empresas fiduciarias sabían de sus clientes cuando se establecieron los fideicomisos o qué medidas pueden haberse tomado para examinar las transacciones.
En todos los casos identificados por The Washington Post y el ICIJ, los detalles sobre los cargos penales u otras acusaciones eran accesibles mediante registros públicos, cuentas de redes sociales, documentos judiciales e informes gubernamentales. La mayoría se publicaron en Internet en su momento.
En 2017, Guillermo Lasso, recién electo presidente de Ecuador, transfirió activos a nuevos fideicomisos administrados por Trident, en Sioux Falls, en medio de informes de medios internacionales que cuestionaron su interés en un banco en Panamá (Banisi). Lasso dijo que había cumplido con la ley ecuatoriana sobre las actividades en paraísos fiscales.
Durante muchos años, personas defensoras de derechos humanos han protestado públicamente por el maltrato de la Corporación Central Romana, ubicada en República Dominicana, a sus trabajadores, cuando los miembros de la familia del ex presidente de la compañía finalizaron varios fideicomisos con Trident en Sioux Falls en 2019. Los fideicomisos contenían acciones de Central Romana y riqueza personal por valor de 14 millones de dólares, según los registros.
Carlos Morales Troncoso dirigió la operación azucarera masiva de Central Romana durante unos ocho años y siguió siendo uno de los partidarios más ruidosos de la industria después de que se convirtiera en vicepresidente de la República Dominicana y, más tarde, en embajador en los Estados Unidos y ministro de Relaciones Exteriores.
Morales murió en 2014. Sus cuatro hijas, que son beneficiarias del fideicomiso y tienen doble nacionalidad estadounidense, no respondieron a las preguntas sobre por qué las acciones y otros activos fueron trasladados a Dakota del Sur desde una empresa fiduciaria en las Bahamas. A través de su abogado, ellas dijeron que nunca han estado involucradas en las operaciones de Central Romana (que han seguido suscitando críticas internacionales).
En 2016, la empresa envió guardias armados y excavadoras para desalojar a 60 familias de casas improvisadas construidas en el polvoriento borde de una plantación de azúcar en El Seibo, uno de los rincones más pobres y remotos de República Dominicana. Personas defensoras de derechos humanos y representantes de las Naciones Unidas han criticado dicha operación.
Yeidi Sierra, entonces con 5 años, estaba dormida en la casa Nº 10, con piso de tierra, sin agua potable ni electricidad y con un techo de hojalata, cuando las casas comenzaron a ser derrumbadas. Apenas alcanzó una sandalia negra y huyó bajo la lluvia, observando a los guardias desde debajo de un árbol de mango donde una vez rezó y compartió arroz y frijoles con sus vecinos.
Cuando no quedó nada más que un montón de metal retorcido, descubrió que su otro zapato se había perdido bajo los escombros.
“Era el único par que tenía”, recordó recientemente.
En una declaración a The Washington Post y al ICIJ, la Corporación Central Romana dijo que había creado más de 20.000 puestos de trabajo, construido más de 5.000 viviendas y donado terrenos para proyectos de vivienda y otras instalaciones. La empresa dijo que trabaja estrechamente con un sindicato para abordar los salarios y las condiciones de trabajo y negó que haya desalojado ilegalmente a las familias, aduciendo que la empresa ha defendido durante mucho tiempo su propiedad de la “invasión ilegal de tierras.”
Abogados defensores de las familias desalojadas afirman que las casas se construyeron en una carretera de servicio que no se utilizaba desde hacía más de medio siglo, que el terreno no tenía un propietario claro y que el desalojo forzoso, independientemente de quién sea el dueño de la propiedad, violó las normas internacionales de derechos humanos.
“Sangre, muerte y azúcar”, dijo el fraile local Miguel Ángel Gullón Pérez.
Como un volcán erupcionando
En 1995, mientras pescaba salmón real en la península de Kenai, en Alaska, el abogado neoyorquino Jonathan Blattmachr esbozó una idea que permitiría a Estados Unidos competir con los paraísos fiscales del mundo: aislar los activos de los fideicomisos de impuestos y acreedores.
Millones de estadounidenses utilizan legalmente los fideicomisos para gestionar su patrimonio -dinero, propiedades, empresas, arte- confiando a una persona o entidad la custodia y el uso de los activos para los beneficiarios del fideicomiso, como hijos o nietos.
La jurisprudencia angloamericana limitó durante siglos la duración de los fideicomisos, pero Dakota del Sur ayudó a liderar el movimiento para cambiar eso en la década de 1980, creando fideicomisos que podían transmitirse durante generaciones con pocas o ninguna obligación fiscal.
Blattmachr, uno de los primeros proponentes, recuerda haber hablado con un funcionario de fideicomisos en Delaware sobre la idea antes de que el estado creara los fideicomisos dinásticos en 1995.
Tras el cambio en Delaware, dijo, “el negocio empezó a fluir como la lava de un volcán”.
Pescando con su hermano en el viaje a Alaska de hace 25 años, Blattmachr propuso un segundo cambio radical en la ley. Quería proteger los fideicomisos de las reclamaciones de futuros acreedores, una práctica que ya estaba en vigor en centros financieros extraterritoriales como las Islas Cook y Belice.
En pocos meses, los legisladores de Alaska aprobaron por una mayoría abrumadora la legislación redactada por Blattmachr, su hermano y otros.
“Estábamos pasando por un momento económicamente difícil en Alaska”, dijo en una entrevista el ex senador Al Vezey, un republicano que patrocinó el proyecto de ley. “Un barril de petróleo valía menos que un salmón rojo. Como legislatura, nos rascábamos la cabeza sobre cómo dar un impulso a nuestro estado”.
Funcionarios de alto nivel expresaron su preocupación, según la correspondencia conservada en el archivo estatal.
“La cuestión política subyacente es si, como Estado, queremos avalar un sistema que puede facilitar que una persona evite el pago de deudas legítimas”, escribió entonces el subcomisario de comercio. “Personalmente, no creo que sea una buena idea”.
El entonces gobernador Tony Knowles (demócrata) se mostró de acuerdo, diciendo que algunas partes de la legislación eran más liberales que las leyes de Bermudas y las Islas Caimán. El proyecto de ley, señaló el gobernador, podría perjudicar a los cónyuges e hijos al bloquear los pagos de manutención.
Knowles vetó la ley. Un año después, la legislatura estatal volvió a intentarlo, aprobando una medida similar.
“No se equivoquen en una cosa: este proyecto de ley está dirigido al tipo de fideicomiso con el que un abogado -fuera del Estado-, que está detrás de este proyecto de ley, quiere crear para sus clientes ricos”, escribió al estado Lawrence Waggoner, profesor de derecho de la Universidad de Michigan y destacado experto en fideicomisos. “Este es quizás el proyecto de ley más pernicioso que he visto”.
Esta vez, el gobernador firmó el proyecto de ley, diciendo que los legisladores habían abordado sus preocupaciones.
“Después de vetar un proyecto de ley de fideicomiso original debido a la falta de protección para los cónyuges e hijos, firmé una versión corregida al año siguiente”, dijo Knowles en una entrevista con The Washington Post y el ICIJ. “Contó con un amplio apoyo público, empresarial y legislativo. No he oído hablar de ningún abuso de esta ley en Alaska en los últimos 25 años”.
La innovadora ley estimuló a otros estados -enfrascados en la competencia por hacer crecer a la industria- a avanzar en la legislación sobre la confianza que atraería a clientes de todo el mundo.
“Este tema para mí es tan emocionante como ver secar la pintura, pero entiendo la posición que ocupa nuestro estado en el negocio de los fideicomisos”, dijo el senador estatal de Dakota del Sur Craig Tieszen (R) durante una audiencia legislativa de 2016.
Los mentalizadores de la industria de empresas fiduciarias se beneficiaron de los cambios.
En 1997, antes de que se promulgara la nueva ley de fideicomisos en Alaska, Jonathan Blattmachr, su hermano y otras personas ayudaron a lanzar una de las empresas fiduciarias más prominentes del estado. Ahora se llama Peak Trust Co. y desde entonces la empresa se ha expandido a Nevada.
Blattmachr dijo que cedió sus acciones de la empresa a su hermano y a su cuñada desde el principio y que ya no tiene ninguna participación en la empresa. Su hermano, Douglas, no quiso hacer comentarios.
En New Hampshire, el líder empresarial Paul Montrone ayudó con éxito a promover una legislación histórica sobre fideicomisos en 2006. Un año antes, una sociedad de responsabilidad limitada recién creada y gestionada por su hijo había encargado un estudio en el que se concluía que el sector podría crear hasta 2.100 puestos de trabajo y producir hasta 3,7 millones de dólares en ingresos anuales para el Estado.
Montrone pasó en 2007 a cofundar Perspecta Trust, que anunciaba estrategias patrimoniales a “individuos y familias de muy alto poder adquisitivo de todo el mundo”.
Un estudio preparado para el Consejo Fiduciario de New Hampshire y compartido con los legisladores en 2019 informó que se estima que entre 225 y 275 personas trabajaban en la industria fiduciaria del estado. “Insignificante”, dijo el comisionado bancario del estado, Gerald Little, sobre el beneficio financiero para el estado en un correo electrónico a un legislador.
En una declaración escrita, Montrone dijo que quería ayudar a impulsar la economía de New Hampshire “convirtiéndola en una jurisdicción fiduciaria de clase mundial” y que después de que Perspecta Trust se fusionara el año pasado con otra firma, se alejó de cualquier papel oficial.
Glenn Perlow, consejero general de la empresa y presidente del consejo fiduciario del estado, dijo que el sector supervisa ahora 600.000 millones de dólares en activos.
“La modernización de las leyes fiduciarias de New Hampshire ha tenido un impacto significativo y positivo en la economía de nuestro estado, aportando nuevas oportunidades de trabajo con salarios superiores a la media y la actividad económica que generan”, dijo.
En Dakota del Sur, el abogado Pierce H. McDowell III cofundó en 2002 la South Dakota Trust Co., situada en un edificio de oficinas de Sioux Falls cerca de un club social de lanzamiento de hachas.
McDowell fue miembro fundador de un grupo de trabajo conocido como el Grupo de Trabajo del Gobernador para la Revisión y Reforma de la Administración Fiduciaria, que habitualmente propone leyes para el avance de esta industria en el Estado.
McDowell declinó hacer comentarios sobre su papel, remitiéndose a un comunicado de la empresa que señalaba: “Dakota del Sur ha trabajado muy duro para construir un sector financiero robusto que incluye a las empresas bancarias y fiduciarias del estado… una industria que proporciona muchos beneficios (puestos de trabajo, ingresos fiscales generales, tasas de supervisión y filantropía).”
La batalla de un padre
Mientras la industria prosperaba, Christopher Pallanck acudía a los tribunales.
En 2017, el padre soltero de dos hijos se enteró de que ya no recibiría los pagos de manutención de Trident en Sioux Falls, que supervisaba un fideicomiso para su ex esposa, Cleopatra Cameron. La heredera del petróleo luchó durante años con la adicción, y un tribunal de California en 2010 había concedido a Pallanck la custodia completa de sus hijos pequeños y más tarde ordenó a Cameron pagar 8.500 dólares al mes en concepto de manutención, según los registros judiciales y las entrevistas.
Pallanck, en los registros judiciales, dijo que los activos del fideicomiso superaban los 8 millones de dólares.
El fideicomiso se constituyó originalmente en California, donde los acreedores pueden reclamar los activos del fideicomiso. En 2012, Cameron trasladó el fideicomiso a Dakota del Sur y, en 2016, a Trident.
Trident y una empresa de Nuevo México que actuaba como protectora del fideicomiso optaron por poner fin a los pagos de la manutención de los hijos. En documentos judiciales sellados, obtenidos por The Washington Post e ICIJ, Trident argumentó que la ley de Dakota del Sur impedía los pagos y que Pallanck “no era un buen administrador de las finanzas de sus hijos.” El fideicomiso proporciona 1.500 dólares al mes para gastos generales, dijo Pallanck.
En 2019, después de que acudiera a los tribunales para hacer cumplir la orden de manutención de California, el Tribunal Supremo de Dakota del Sur se puso de parte de Trident. “Nuestra Legislatura ha colocado barreras formidables entre las reclamaciones de los acreedores y los fondos fiduciarios”, escribió el tribunal en una opinión unánime.
Pallanck, que trabaja en un laboratorio de telecomunicaciones, recuerda haber contado a sus hijos, que entonces tenían 12 y 14 años, la decisión en su apartamento de alquiler de dos habitaciones en Santa Bárbara, donde duerme en una cama individual en el salón.
“No sólo estaba el abandono emocional y físico, sino que ahora también estaba el aspecto financiero”, dijo. “El fideicomiso y su madre hacen que sea muy difícil para estos niños saber que son amados”.
La Oficina del Fiscal del Distrito de Santa Bárbara presentó el año pasado cargos penales contra Cameron por no proporcionar apoyo. Ella se declaró inocente; los fiscales finalmente retiraron el caso.
En una entrevista, Cameron dijo que siempre tuvo la intención de mantener a sus hijos, pero que ella y Trident Trust no creían que Pallanck pudiera administrar el dinero. Dijo que optó por trasladar el fideicomiso a Dakota del Sur debido a “todas las leyes de privacidad” y para evitar el pago de impuestos en California.
“Nunca ha faltado la manutención para mis hijos”, dijo Cameron. “Después de que Trident (…) empezara a investigar todo, dijeron: ‘¿Qué demonios? No le vamos a dar ni un dólar más’. No puedo culparles por ello… Fue muy refrescante”.
Trident se negó a responder a preguntas sobre el caso, diciendo que no habla de sus clientes con los medios de comunicación.
Pallanck, de 50 años, dijo que no puede hacer mucho más que centrarse en su hijo y su hija.
“¿Qué hacen cuando nadie los ve? Lloran”, dijo.
Traducción realizada empleando la versión gratuita de Deepl y, posteriormente, revisada y corregida por nuestro compañero Alberto Caerio.
