La austeridad está matando a Ecuador: El FMI debe ayudar a detener este desastre
Por Allison Corkery, Andrés Chiriboga-Tejada, Jayati Ghosh, Demba Moussa y Adrian Falco*
*Traducción libre del artículo completo publicado en inglés en el sitio web del diario británico “The Guardian” el 29 de Agosto de 2020
En Ecuador, la austeridad promovida por el FMI ha sido desastrosa y brutal. Es tiempo de cambiar de curso.
Ecuador se encuentra entre los países en donde la pandemia del Covid-19 ha pegado más duro: muertes impactantes, un sistema de salud abrumado y una economía hundida profundamente en la depresión. En medio de este caos, el vencimiento del 1 de septiembre para que el gobierno de Ecuador reestructure $17.400 millones de deuda con acreedores internacionales se acerca rápidamente. Asegurar la asistencia del FMI es una condición de esta reestructuración — asistencia que probablemente venga con una austeridad brutal.
A pesar de los fracasos en todos los países en donde se han aplicado, el FMI continúa promoviendo medidas de austeridad como una solución para las preocupaciones de deuda soberana. En Ecuador, los efectos de estas políticas han sido particularmente desastrosos, causando estragos en la economía del país, así como su sistema de salud — y dirigiendo la violación sistemática de derechos sociales y económicos que la Constitución ecuatoriana y las leyes internacionales protegen.
En una palabra, la austeridad en Ecuador se ha convertido en un vector para la crisis sanitaria, económica y social del Covid-19. El FMI tiene la influencia — y la responsabilidad — para terminarlas.
El FMI no carga con esta responsabilidad solo. El gobierno de Lenín Moreno está también llamado a proteger los derechos humanos, que con sus políticas de austeridad no ha hecho. Solo en el sector de la salud, la inversión pública fue reducida casi dos tercios (cayendo un 64%) entre 2017 y 2019. Los recortes continuaron en 2020 en línea con los criterios del FMI. En marzo de 2019, Moreno firmó un acuerdo de crédito con el FMI por $4.200 millones, con la expectativa de que el país pueda atajar su déficit fiscal, incluyendo un “reforzamiento de los controles sobre compromisos de gasto” y “realineamiento de los salarios del sector público”. Esto llevó al despido de 3.680 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud Pública en 2019 (4.5% del total de empleos en ese ministerio) — justo antes de la mayor crisis de salud pública en décadas.
Los resultados han sido previsiblemente terribles. Los recortes han exacerbado la vulnerabilidad del país a la pandemia del Covid-19, contribuyendo a uno de los estallidos más mortales de coronavirus en el mundo. La población marginalizada del país ha sido desproporcionadamente afectada: la población indígena, afrodescendientes, mujeres, adultos mayores, trabajadores y trabajadoras informales y familias de los quintiles de más bajos ingresos, quienes son más dependientes de los servicios públicos.
Las obligaciones de deuda del Ecuador están llevando al gobierno a priorizar el adelantar pagos para el servicio de deuda externa por sobre los cuidados básicos para su ciudadanía. Los términos acordados en el proceso de reestructuración — el vencimiento del cual está a días de cumplirse — son extremadamente desventajosos: A pesar de que los bonos ecuatorianos cayeron a un 35% de su valor debido a la pandemia, la renegociación garantizó a sus acreedores un 59% de su valor corriente. Mientras esto permitió al país aliviar un poco la presión para hacerse cargo de la pandemia, de ningún modo resuelve la actual crisis de su deuda.
Un aspecto particularmente problemático del acuerdo de reestructuración es que depende de que el Ecuador asegure un mayor apoyo financiero por parte del FMI desde su Fondo de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el FMI, este tipo de asistencia tiene un “fuerte enfoque en un ajuste estructural”. Así que es probable que incluya más condicionamientos para la política pública económica y social. La austeridad es una espiral descendente.
El FMI sostiene que apoya un incremento en el gasto de salud pública para responder al Covid-19. Aún así, el financiamiento de emergencia aprobado para Ecuador en mayo recomienda la continuación de la “consolidación fiscal…de alrededor del 6.2% del PIB sobre el periodo 2019–2025”. Priorizar este objetivo debilitará la capacidad de Ecuador para financiar adecuadamente servicios públicos, programas de protección social, y esquemas regulatorios que son esenciales para proteger los derechos económicos y sociales de la población ecuatoriana en el marco de la debacle económica por el Covid-19. La Cepal estima que el Ecuador será uno de los países con mayor incremento de la extrema pobreza y desigualdad en la región como resultado del Covid-19. Estas proyecciones pueden solo ser mitigadas con un significativo gasto público en muchos sectores donde se están considerando recortes.
La historia reciente provee amplias razones para que el FMI reconsidere su rol en Ecuador. Protestas masivas populares en contra de las reformas apoyadas por el FMI ocurrieron en octubre del año pasado, liderados por sectores indígenas y trabajadores de las ciudades más grandes del país. Esto debe ir más allá de repriorizar políticas particulares, esto prescribe e incluye repensar el proceso a través del cual se estructura todo. A la fecha, el FMI no ha demostrado respeto por los procedimientos democráticos en Ecuador — una de las principales motivaciones para las protestas de octubre. Ha mantenido silencio acerca del uso del estado de emergencia por parte del gobierno de Moreno, activado en marzo, para acelerar el ajuste estructural en este escenario: reformas para la flexibilización laboral han sido pospuestas por miedo a la oposición social; una reforma fiscal ha sido rechazada en el parlamento a fines de 2019; y la eliminación de subsidios a los combustibles, que ya antes habían sido revisados.
Para acabar con esta espiral descendente– y respetar los derechos en la constitución ecuatoriana- el FMI debe por lo menos adoptar medidas que se alineen con los hallazgos de sus propias investigaciones.
Primero, el FMI debe evaluar debidamente — y ser transparente al respecto — el impacto en los derechos humanos de los condicionamientos de sus préstamos, en particular los derechos económicos y sociales. Esto significa medir el efecto distributivo de los cambios en la política fiscal, con un énfasis en los impactos de las desigualdades de género. Aquellos cambios que impongan un costo en los grupos más vulnerables, incluyendo población indígena, deben ser evitados.
Segundo, el FMI debe respetar los procesos democráticos para las decisiones económicas. Los acuerdos deben ser negociados transparentemente. Esto significa abstenerse de ejercer influencia indebida sobre las decisiones de política fiscal.
Finalmente, el FMI debería recomendar y promover políticas alternativas basadas en derechos para expandir el espacio fiscal. Estas incluyen reforma tributaria que busque gravar las grandes fortunas y las ganancias extraordinarias de grandes empresas y combatir significativamente la evasión y elusión fiscal; revocar la regla que previene al Banco Central de Ecuador de adquirir deuda pública para financiar problemas de liquidez en situaciones de crisis, tal como la que se vive ahora; y apoyar para lograr un proceso ordenado de reestructuración de deuda a un nivel internacional, en línea con los principios básicos de las Naciones Unidas para procesos de reestructuración de deuda soberana.
Por demasiado tiempo el FMI se ha salido con la suya al pedir disculpas por su rol en la aplicación de una brutal austeridad, solo para que después la vuelva implementar una y otra vez, país por país. Es tiempo de hacer responsable al FMI por los derechos humanos — y proteger los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos a una buena vida y un gobierno democrático.
Allison Corkery, Centro por los Derechos Económicos y Sociales.
Andrés Chiriboga-Tejada, Observatorio de la Dolarización del Ecuador
Adrian Falco, Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos)
Demba Moussa, Third World Forum
Jayati Ghosh, Jawaharlal Nehru University, Nueva Delhi
Osama Diab, investigador en derechos económicos. Y estudios del desarrollo
Sergio Chaparro, Centro por los Derechos Económicos y Sociales
Ignacio Saiz, Centro por los Derechos Económicos y Sociales
Leilani Farha, the Shift
John N. Robinson III, Washington University en Saint Louis
Carolyn Sissoko, UWE Bristol
Crystal Simeoni, Nawi: Afrifem Macroeconomics Collective
Gilad Isaacs, Instituto para Justicia Económica, Sudáfrica
Nicholas Loubere, Lund University, Suecia
Philip Mader, Institute of Development Studies, Reino Unido
Matthias Goldmann, Goethe University Frankfurt y Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg
Stephan van der Merwe, Stellenbosch University Law Clinic, Sudáfrica
Z Fareen Parvez, Universidad de Massachusetts en Amherst
Ingrid Harvold Kvangraven, Universidad de York
Melinda Cooper, Australian National University
