Medidas económicas propuestas ante el estado de Excepción y Crisis Sanitaria en Ecuador

Sábado, 28 de marzo de 2020

8 min readMar 28, 2020

Ante la crítica situación que vive el Ecuador por la pandemia del Covid-19, por la crisis económica internacional y ante las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que solamente profundizan el empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, a costa del enriquecimiento de una minoría:

Las organizaciones firmantes queremos presentarle al país #AlternativasALaCrisis para salir de esta situación.

Todas las medidas que planteamos han sido implementadas por varios países, o por nuestro mismo país, en diversos contextos, y parten de una lógica simple: Solidaridad y subsidiariedad. Es decir, que aporte más quien más puede hacerlo, y que el Estado asuma la protección de la población más vulnerable. Nuestro objetivo no es otro que viabilizar la salida más óptima a la presente situación priorizando la vida en dignidad de las y los ecuatorianos.

Propuestas prioritarias:

Adquisición de la mayor cantidad de pruebas de detección del COVID- 19 posibles en el corto plazo[1].
Realizar un estricto control a las actividades de la Policía y las Fuerzas Armadas y demás personal público durante el estado de excepción a fin de garantizar un irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Durante la emergencia, la ciencia y tecnología, la producción y la seguridad social se deben subordinar a la salud. Crear el Viceministerio de la Industria y Tecnología de la Salud, dentro del Ministerio de Salud Pública, encargado de liderar la reconversión industrial y coordinar efectivamente compras, regulación y permisos sanitarios, importaciones, industrialización, acreditación, investigación científica, requerimientos y distribución de insumos. Por tanto, coordinaría al Ministerio de la Producción, a la ARCSA, al INSPI, a la ACESS, a la SENESCYT, universidades e institutos de investigación.

Propuestas a nivel internacional

Adherirse a la solicitud al Fondo Monetario Internacional de emitir USD 3 billones (1012) de Derechos Especiales de Giro (en adelante DEGs) para enfrentar la crisis sanitaria mundial. Utilizar los DEGs para cancelar la totalidad de la deuda externa ecuatoriana.
Solicitar a la comunidad internacional que la patente necesaria, para fabricar cualquier fármaco o vacuna que permitan resistir a la COVID-19, sea liberada. Proponer que el FMI reconozca la inversión realizada por el equipo investigador emitiendo DEGs a favor del país en el que se realizó la investigación.
Solicitar a la comunidad internacional un jubileo de la deuda externa de las economías emergentes: las circunstancias son mucho más apremiantes que cuando, en 1999, se planteó un jubileo similar.

Propuestas a nivel macroeconómico

Financiamiento

Triangular recursos del Banco Central hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, utilizando al Banco del Pacífico como prestamista.
Disponer y redireccionar recursos destinados a pagos en el extranjero de otros sectores para hacer frente a la emergencia sanitaria y a la crisis económica nacional y mundial, priorizando la asignación de recursos al sector salud y a medidas de protección social. Bajo ningún concepto este redireccionamiento puede significar un debilitamiento de la institucionalidad estatal.
Suspender los pagos de deuda externa y declarar como ilegítimo al acuerdo con el FMI, para el redireccionamiento de recursos hacia la salud, la protección social y la garantizar el empleo.
Enviar una reforma con carácter de económico urgente para contrarrestar la disposición expuesta en la Ley Orgánica para el fomento Productivo (Trole 3), para permitir que el BCE financie el fondo de emergencia nacional a través de inversión en títulos del ente rector de las finanzas públicas.
Establecer un impuesto a las personas cuyo patrimonio sea igual o mayor a un millón de dólares, del 1% para destinarlo a los sectores de salud, protección social y garantía de empleo.
Anticipar el pago del impuesto a la renta del año 2019 de las grandes empresas realizar y ampliar el plazo de pago para las MIPYMES, siempre y cuando paguen las utilidades a sus trabajadores.
A través de reforma económica urgente a la Ley Orgánica para el fomento Productivo (Trole 3), devolver el manejo del dinero electrónico al BCE, para destinar transferencias monetarias directas a familias más vulnerables. En estas circunstancias el quedarse en casa es un bien social cuyo valor de uso debe ser remunerado. Estas transferencias mensuales deben ser un salario mínimo para aquellos que no se encuentran afiliados a la seguridad social, pero se encuentran en edad de trabajar, y el 60% de su salario reportado, (o un salario mínimo, lo que sea mayor) a quienes sí se encuentran afiliados, y deberán mantenerse durante el tiempo que dure la crisis sanitaria. Quien incumpla con las disposiciones emanadas por la autoridad para contener el contagio, deberá devolver todo el dinero transferido y se le disminuirá un porcentaje del monto de transferencias futuras, de ser el caso.
Establecer una cuarentena a la dolarización: restringir temporalmente la salida de dinero al exterior. Esto puede ser a través de un aumento en el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la aplicación de salvaguardas a bienes suntuarios, o directamente a través de impedir cualquier transferencia al exterior que no se haga por medio del Banco Central del Ecuador.
Además de alimentar el fondo de emergencia nacional, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera debe revisa y reformar el Programa de Inversión Doméstica de la Reserva Internacional para inyectarlo en los sectores prioritarios que demanda la crisis sanitaria y económica.
Decretar la repatriación de capitales nacionales en el exterior (paraísos fiscales).
Decretar a las grandes empresas el pago de utilidades del 2019 a sus trabajadores para incentivar el consumo.
Se exija a las grandes empresas el pago inmediato de todas sus deudas por concepto de impuestos al Estado.
Generar mecanismos para el control de la subfacturación de las importaciones mediante un control tecnológico en las aduanas.
Revisión del crédito tributario para evitar la utilización de facturas falsas que generan defraudación fiscal, acompañada de una política de cobro a los que han evadido impuestos.

Propuestas a nivel microeconómico

Consumo de Hogares

Establecer un mecanismo que haga obligatorio para bancos públicos y grandes bancos privados el aplazamiento de hasta por 90 días el cobro de deudas en tarjetas de crédito, créditos personales, microcréditos e hipotecarios sin multas, recargos y, sobre todo, intereses. Este último elemento está ausente de la propuesta de la Asociación de Bancos que ha sido acompañada de las últimas resoluciones de la Junta Monetaria. En la propuesta actual del gremio bancario, la carga de los intereses de la deuda se acumulan y a futuro se tornarán impagables estas obligaciones. Para los bancos, el aplazamiento de cobros, es sobre todo una cuestión de oportunidad: no cobro hoy, pero después sí. Además de no aliviar realmente las obligaciones para hogares y empresas, si gran cantidad de operaciones crediticias se vuelven incobrables al mediano plazo esto pone en riesgo tanto la sostenibilidad del propio sistema financiero.
Aplazar hasta el mes de junio del 2020 la declaración y pago de impuestos para personas naturales y MIPYMES, sin recargos, multas o intereses.
Otorgar un período de gracia de al menos 3 meses a todos los deudores del BIESS en préstamos hipotecarios y quirografarios.
Prohibir que se expulse a las familias de sus viviendas por falta de pago durante el tiempo que dure la emergencia, incluyendo el arriendo de pequeños comerciantes y locales comerciales de MIPYMES. Prorrogar el pago de arriendos y diferirlo una vez culminada la emergencia por al menos un año. Así mismo, congelar el valor de los arriendos.
Subsidiar productos y servicios de primera necesidad en torno a: ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, TRANSPORTE.
Garantizar la provisión y la no suspensión por falta de pago, de todos los servicios básicos: agua, luz, recolección de basura, telefonía celular e internet, mientras dure la emergencia sanitaria.
Subvencionar canastas alimenticias a los hogares más vulnerables, utilizando la información del registro social, BDH y SRI y en general población vulnerable.
Garantizar créditos de consumo para las personas naturales con tasas preferenciales, menores a las tasas vigentes, para reactivar la economía.
Establecer un Impuesto al Valor Agregado diferenciado para estimular el consumo, es decir, algunos bienes que son necesarios dentro de la canasta básica y que son generadores de empleo deberían tener un impuesto cero, mientras que otros que no son necesarios debería tener una carga impositiva mayor a la actual.

Laboral

Prohibir despidos y garantizar el pago de salarios sin perjuicio de la disminución de la jornada de trabajo tanto en el sector público como privado (trabajadores de la salud, educación, policía y FFAA, empleadas domésticas o proveedores de servicios).
Garantizar la disponibilidad de recursos al Seguro Social para que las y los ciudadanos tengan la posibilidad de acogerse a un “seguro de desempleo”.

Salud

Prepararse para una posible nacionalización temporal de la salud privada si se llega a un nivel de contagio fase 4. El objetivo es que a ningún habitante se le niegue atención médica mientras existan recursos disponibles.
Nacionalizar la producción y comercialización de bienes y equipos de primera necesidad para el sector salud.
Reincorporación y contratación de personal médico y administrativo en salud para ampliar la cobertura y eficiencia en el servicio.
Adquirir los insumos necesarios (trajes de bioseguridad, mascarillas, batas) para garantizar la seguridad laboral de las y los médicos y personal administrativo que se encuentran en la primera línea frente a la emergencia sanitaria. Reconvertir la industria nacional en proveedora de insumos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria.
Adquisición de reactivos a gran escala para la realización y democratización de pruebas Covid-19 a realizarse a través de brigadas médicas de contingencia, por niveles administrativos de planificación (zonas, distritos y circuitos).

Producción y Servicios

Garantizar que todos los pagos a proveedores del Estado se encuentren al día, priorizando a los sectores que más aportan en la dinamización del consumo y aquellos relacionados con la superación de la emergencia sanitaria.
Promover la soberanía alimentaria a través de incentivos a pequeños y medianos productores, con el fin de garantizar la producción y consumo de productos nacionales.
Priorizar la adquisición de alimentos a los pequeños y medianos productores nacionales para la distribución de alimentos a población vulnerable.
Priorizar recursos para créditos preferenciales para las MYPIMES
Precautelar los derechos de los pequeños comerciantes, de mercados y otros sectores.

[1] Según el epidemiólogo Marc Lipsitch, de la Universidad de Harvard, en entrevista con el Wall Street Journal, entre un 40% y un 70% de la población mundial podría contagiarse de Covid-19 en 2020. Así, el Ecuador debería prepararse para obtener al menos un promedio de 750 000 pruebas cada mes durante el 2020 para cubrir el mínimo necesario.