Pronunciamiento en defensa de la educación pública
Frente al recorte presupuestario anunciado por el gobierno ecuatoriano en tiempos de Covid-19
La crisis sanitaria y económica global derivada de la pandemia Covid-19 ha puesto en jaque las estructuras políticas, económicas y sociales de prácticamente todos los países del mundo. En el caso de nuestro país, el virus puso a prueba las debilitadas capacidades estatales del país que sumadas a un gobierno con escasa capacidad de acción inmediata para el manejo de la crisis, en tan solo un mes, colocaron al Ecuador en el escenario mundial como uno de los países que peor ha enfrentado los efectos adversos de la pandemia con cifras que bordean aproximadamente 7.000 defunciones solo en la provincia del Guayas.
El número de vidas que cobra el Covid-19 se incrementan día a día; mientras las decisiones del gobierno siguen poniendo en riesgo la salud, la vida y la integridad de las y los ecuatorianos. Las últimas disposiciones transgreden los derechos de miles de jóvenes estudiantes y docentes universitarios; quienes el pasado martes 5 de mayo se autoconvocaron en las afueras de la Universidad Central del Ecuador, en un plantón para proteger el derecho a la educación y por ende exigir la restitución del presupuesto de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país. Es claro que la irresponsabilidad del Gobierno Nacional empujó a las y los estudiantes y profesores universitarios a ponerse en riesgo en medio de una pandemia mundial y si bien las reivindicaciones de derechos se consiguen con luchas sociales, la decisión del gobierno que motivó esta acción pasará a la historia universal de la infamia.
Como esta medida, el Gobierno Ecuatoriano ha tomado decisiones ineficaces para el manejo de la crisis yendo en contracorriente de prácticamente todos los estados del planeta, especialmente de los que mejor han manejado esta crisis. Ecuador tiene una deficiente o casi nula implementación de políticas de protección social, dinamización económica, priorización de la inversión en salud, promoción de la garantía de derechos, entre otras. Mientras, continúa tomando medidas de represión y políticas de ajuste a prácticamente todos los sectores de la sociedad con excepción de los grandes grupos económicos que inclusive cuentan con capitales en paraísos fiscales. A los miles de despidos, el escaso apoyo a las y los trabajadores de salud en primera línea; ahora el gobierno también reduce el presupuesto a instituciones educativas, y con ello, atenta contra al derecho a la Educación.
La reducción de aproximadamente 100 millones de dólares al Sistema de Educación Superior por parte del Ministerio de Economía y Finanzas constituye una grave afectación al Derecho a la Educación de las y los estudiantes de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Cofinanciadas. Adicionalmente, va en contra de la tendencia mundial de incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología para enfrentar la presente crisis sanitaria y las futuras amenazas de este tipo. Esta reducción, resulta por demás irresponsable e inconstitucional.
El estado de excepción expedido mediante decreto presidencial №1017 desde el 16 de marzo de 2020; permite al Ejecutivo, de manera extraordinaria y temporal, asumir facultades y limitar derechos para enfrentar una situación crítica que no se pueda resolver con mecanismos ordinarios. Sin embargo, dichas facultades extraordinarias no pueden anular en ningún momento el ejercicio de derechos o caer en la arbitrariedad, y consecuentemente, en la destrucción del Estado de Derecho.
La Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE), en su artículo 165 regula taxativamente las atribuciones extraordinarias que posee el Ejecutivo en un estado de excepción. En dicho contexto de potestad normativa, la reducción del presupuesto al sector de la educación vulneraría gravemente el derecho a la educación de miles de estudiantes en el país bajo las siguientes consideraciones:
- El estado de excepción en lo referente al sector de la educación encuentra su limitación expresa en el artículo 165 numeral 2 de la Constitución, debido a que se permite al presidente: “(…) 2. Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y EDUCACIÓN”, por lo cual, NO SE PUEDE HACER UN RECORTE PRESUPUESTARIO en este sector por prohibición expresa de la Constitución.
- Las autoridades ignoran completamente la naturaleza del derecho a la educación, debido a que, el art. 26 de la Constitución la concibe como: “(..) un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. (…)”, es decir, se debe garantizar las condiciones para que la población ejerza dicho derecho.
- Asimismo, el derecho a la educación, es un derecho humano, contenido en varios instrumentos internacionales y se materializa en el Ecuador a través del denominado Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior, los cuales se encuentran articulados, como lo determina el artículo 344 de la CRE. Es decir, los sistemas mencionados constituyen la institucionalidad del país en el sector educativo y permiten el pleno ejercicio del derecho a la educación de la población.
- Adicionalmente, el artículo 28, inciso 4, en concordancia con el art. 328 de la Constitución, determinan que la educación es pública inclusive hasta la educación de tercer nivel, y establece sobre sus características que: “será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente (…)”. Por lo cual, el recorte presupuestario no solo ubica en grave crisis al Sistema de Educación del país, sino que invisibiliza el rol del ejercicio pleno del derecho a la educación en la sociedad.
- En el caso específico de las Instituciones de Educación Superior la Constitución en su artículo 355, inciso 5, prescribe: “La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial”, por lo cual, es claro que las políticas públicas y asignaciones presupuestarias en materia de educación son prioritarias y revestidas de protección a nivel constitucional.
En consecuencia, el estado de excepción NO faculta al Ejecutivo ni a ninguna institución del Estado a perjudicar la asignación presupuestaria del Sistema de Educación Superior, debido a que el derecho a la educación es un deber que debe garantizar el propio Estado. Por ende, la reducción del presupuesto constituye una clara transgresión del artículo 165 numeral 2 de la CRE y pone en grave riesgo el ejercicio del derecho a la educación de los y las estudiantes del Ecuador.
Las organizaciones y colectivos que suscribimos este pronunciamiento, rechazamos este nuevo atentado a los derechos de las y los estudiantes y docentes a través de la reducción del presupuesto a la educación superior, y exhortamos a la Corte Constitucional del Ecuador, a que en el ejercicio del control de constitucionalidad, solicite inmediatamente al Ministerio de Finanzas las razones para atentar contra el derecho fundamental a la Educación.
Es preciso mencionar que esta reducción se vuelve aún más injustificable al considerar que, de acuerdo a los Reportes Diarios de Recaudación del Servicio de Rentas Internas (con corte a abril de 2020), se ha cumplido con el 96,5% de la meta de recaudación total (incluye, por ejemplo, 99% en IVA, 95% en Impuesto a la Renta).
Adicionalmente, no se puede desvincular la educación universitaria del mercado laboral y de la productividad sistémica, por lo que no se puede hablar de oportunidades y remuneraciones justas para cualificaciones distintas de la universitaria mientras se mantengan normativas ministeriales en el campo laboral que privilegian los “acuerdos entre partes” y relativizan el COVID como riesgo laboral, y no existan políticas expresas que garanticen la remuneración de las actividades artesanales, técnicas y manufactureras.
No nos oponemos a una revisión, justificada y detenida, de los presupuestos y usos de recursos en las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, pero sí a una maniobra oportunista de recorte, cuando desde estas mismas organizaciones hemos propuesto varias alternativas para un manejo de la liquidez del Estado más acorde a las prioridades que la misma CRE establece. Pero apuntamos que esta revisión bien puede resultar en un aumento de los presupuestos, así como en un mejor manejo de los recursos.
Así mismo, nos solidarizamos con los miles de estudiantes y sus familias que ven en riesgo sus posibilidades de comenzar o continuar sus estudios, e invitamos a la sociedad civil organizada a apoyar las demandas estudiantiles y continuar vigilantes ante la política sistemática de ajuste que atenta directamente contra nuestros derechos.
Organizaciones y colectivos que suscribimos este pronunciamiento:
