Pronunciamiento Público ante el anuncio de nuevas medidas por parte del Gobierno Nacional

La Coalición

El recorte al presupuesto del Estado no es consecuencia únicamente de la crisis actual, sino una profundización de la agenda corporativista de los grandes grupos financieros nacionales que amenaza con destruir el Estado garante de derechos y privatizar los sectores estratégicos. Han insistido en el “Estado obeso” cuando el 88% del pago a salarios públicos y el 84% de las compras públicas se destinaban a salud, educación, seguridad y justicia, partes fundamentales del contrato social, garantizadas en nuestra Constitución.

A los terribles efectos de la pandemia se suman las equívocas políticas económicas que afectan directamente a la mayoría de la población. Cuando muchos países del mundo están combatiendo al coronavirus con subsidiariedad y solidaridad. El Estado Ecuatoriano está preso de un Gobierno que sigue fundamentalismos de mercado; y que, por consiguiente, echa al traste de la basura el rol estratégico que debe tener la política pública para enfrentar la pandemia y la grave recesión económica.

Como una puñalada, las medidas anunciadas en la mañana de ayer por el presidente Lenín Moreno, se suman a las Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y profundizan el grave retroceso en los derechos de las y los trabajadores. Estas medidas traerán como resultado una profundización de la grave crisis económica que enfrenta el Ecuador.

Por si fuera poco, a pesar de que el sentido común nos dice que en estos tiempos demandamos de más educación, intentan destruir la educación pública en todos sus niveles. Hoy, como nunca, la defensa del trabajo como un derecho es fundamental. Basta de fundamentalismos de mercado que distorsionan la realidad de acuerdo con los intereses de un grupo muy reducido de empresarios, sobre todo banqueros, y en detrimento de millones de ecuatorianos.

Es inaudito seguir pasivos ante estos sinsentidos políticos y económicos que nos conducen a uno de los escenarios más graves de la historia del Ecuador. Decimos basta de tantos atropellos a la clase trabajadora; basta de destruir el país y elegir los intereses de unos pocos por sobre la vida de la mayoría. Parece que no han entendido que hoy más que nunca necesitamos políticas que reviertan la desaceleración de la economía. Para Ecuador, la crisis del COVID-19 prevé para 2020 una tasa de decrecimiento de la economía de 6,3% (FMI). Para dimensionar la gravedad de la que hablamos, la crisis por el saqueo bancario en 1999, provocada por el mismo fundamentalismo de mercado, produjo un decrecimiento de 6.3%, llevando a millones a la pobreza, desempleo y emigrados del país.

Es urgente e indispensable retomar la esencia de la democracia. Necesitamos por el bien del país, un Gobierno que piense y actúe en función de las grandes mayorías.

Por eso, las organizaciones y colectivos que conformamos La Coalición consideramos esencial manifestar públicamente que:

• El recorte anunciado de 4 mil millones de dólares conduciría a que más de medio millón de personas pierdan sus empleos. Hasta diciembre de 2019 se habían despedido cerca de 30 mil servidores públicos y 7 mil profesionales de la salud, lo que sin duda redujo la capacidad de acción del sistema público de salud para atender a las víctimas del COVID-19. Frente a la pérdida de 150 mil plazas laborales en el sector privado, la brillante solución del gobierno es incrementar ese número de desempleados con los despedidos por la medida anunciada ayer. Si aumenta el desempleo, se reduce el consumo. Así no se puede dinamizar una economía en recesión. Si no se protege el empleo en lugar de las ganancias de ciertos sectores empresariales, no sólo será difícil atravesar esta crisis, sino que será prácticamente imposible generar una recuperación.
• Reducir las horas laborables del sector público es una forma indirecta de reducir entre 12,5% y 25% los salarios de los y las servidores públicos. Así se conduce a la precarización del servicio público que, en las condiciones actuales de teletrabajo, sobrepasan las 8 horas laborables por día. Además, entendiendo que la Constitución de la República del Ecuador señala que, el contenido de los derechos se desarrollarán de manera progresiva, evitar que los trabajadores gocen de sus derechos laborales supone una grave regresión en esta materia, causando una clara una violación a la Constitución.
• Haber priorizado el pago de la deuda a un grupo de acreedores privados, por sobre la inversión para salvar miles de vidas, no ha generado un supuesto “ahorro de $1.300 millones en intereses de deuda”; ya que, se han perdido más de $1.600 millones de dólares en pagos a acreedores y “apuestas” en la bolsa de Wall Street. Apuestas hechas con el dinero de las y los ecuatorianos. El riesgo país se ha mantenido por sobre los 4.000 puntos. Además, no se impide la salida de capitales para proteger la dolarización; al contrario, se disminuyen aranceles e impuestos a la salida de divisas, en claro acuerdo con el FMI. En general, se busca generar un aporte de los que menos tienen y no tocar a los grandes capitales, que ya han enviado al exterior cerca de 2.000 millones de dólares.
• La liberalización de los precios a los combustibles al mercado internacional, estableciendo un sistema de pisos y techos, no considera la volatilidad del precio del petróleo y lo expuesta que está la economía nacional. Si bien, por ahora los precios están bajos, cuando éstos suban, no se tiene claridad en los parámetros para controlarlos y equivaldría a la eliminación de los subsidios.

Los medios de comunicación, el Gobierno y los grupos de poder nos han hecho creer que en la crisis hay que bajar impuestos y en consecuencia recortar el gasto público cuando la evidencia demuestra que durante las crisis económicas hay que redistribuir los recursos y salvar a la gente; y, no a los grandes capitales. Mientras la mayoría de países del mundo han impulsado medidas de inyección de recursos a la ciudadanía a través de mayor inversión pública, el Gobierno ecuatoriano, o por incompetente o por mal intencionado, o simplemente por ambos, hace todo lo contrario.

El Presidente habla de “preservar la vida, sostener los empleos e impulsar la productividad”, pero reduce todo: el empleo, la salud, la vida. Esta crisis se ha llevado miles de vidas y según el Ministerio de Salud podrían llegar a ser cientos de miles. Es una situación extraordinaria que demanda de medidas extraordinarias. Ahora más que nunca la vida del ser humano tiene que estar por sobre el capital.